Eran más o menos las once de la noche cuando un joven llegó a su casa, en un pequeño municipio de la provincia de Tarragona. Nada más entrar, vio a sus padres maniatados y a cuatro individuos vestidos de negro que les golpeaban, especialmente a su madre, a la que gritaban y zarandeaban para que dijera dónde guardaban las joyas y el dinero. Al joven le golpearon en la cara con un puño americano. Cayó al suelo, perdió el conocimiento y, cuando despertó, estaba maniatado junto a sus progenitores. Los asaltantes les trasladaron al parking, les obligaron a meterse en el coche y les advirtieron que no se movieran. No fueron capaces de salir a pedir auxilio hasta las ocho de la mañana. Avisaron a los Mossos d’Esquadra y una ambulancia trasladó a la mujer malherida al hospital. Los ladrones localizaron la caja fuerte, la arrancaron y se la llevaron. Sucedió el lunes pasado.
Los llamados delitos contra las personas, ese asalto violento a un domicilio, los crímenes, las agresiones sexuales o las lesiones, son los que más angustian y preocupan a los ciudadanos. Representan un porcentaje menor, pero están subiendo. Catalunya y las calles de sus pueblos y ciudades siguen siendo, en líneas generales, lugares seguros para vivir, con cifras de delincuencia muy por debajo de la media europea. Pero la tendencia al alza que ya se registró en las estadísticas del año pasado sigue creciendo. Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y el resto de policías locales se preparan para la gestión del que será un verano complicado y convulso en materia de seguridad.
Hay tantos factores que han influido en el deterioro de la situación que cuesta elegir cuál es el que más ha contribuido. El viernes, un comisario de los Mossos d’Esquadra admitía la “gran preocupación” que hay por la subida general de casi todos los delitos, pero advertía que ningún verano será peor que el que sufrimos el año pasado.
Y es cierto. Aquel 17 agosto unos terroristas se llevaron por delante la vida de 16 personas en Barcelona y Cambrils. A partir de ese momento, cambió todo. La seguridad pública en Catalunya, liderada por los Mossos d’Esquadra, se volcó en la lucha contra la amenaza yihadista. Dos meses después llegaría el referéndum del 1 de octubre y la aplicación del 155, dejando a la policía catalana cuestionada y bajo la tutela del Ministerio del Interior.
No se puede asegurar que el resultado de la suma de todos esos acontecimientos sea el de un incremento de la delincuencia. No. Pero sí se puede decir que ese contexto político provocó tal sacudida en los Mossos d’Esquadra, en su estructura y en su estado de ánimo, que en los últimos ocho meses la policía catalana ha limitado su acción a gestionar, como ha podido, el día a día. Pero con otro elemento que arrastran y que en este contexto ha sido mucho más determinante, la cada vez más alarmante falta de policías.
Ya antes de los atentados, la jefatura de los Mossos había empezado a engordar la comisaría general de Información y las áreas de inteligencia de los servicios antiterroristas y del crimen organizado. Buena parte de ese crecimiento se hizo a expensas de la seguridad ciudadana. Tras los atentados, las patrullas y las unidades especializadas de orden público y seguridad ciudadana, la Brimo y las Arro, se volcaron en los planes antiterroristas, para pasar después a la protección de instituciones y políticos “vulnerables” ante la convulsión generada durante el denominado procés.
Toda esta actividad siguió restando patrullas por la noche, por el día y capacidad para hacer prevención y tirar adelante algunas investigaciones. En los últimos meses, la actual jefatura de los Mossos ha trabajado para recuperar con la judicatura una confianza que saltó por los aires tras el 1 de octubre. Durante varias semanas, la policía catalana dejó de ser la policía judicial de magistrados y fiscales. La situación ya se ha revertido. Pero el esfuerzo ha dejado a la estructura policial agotada y sin el empuje que tenía.
Es normal que la foto de la seguridad pública de Catalunya tenga como referencia la ciudad de Barcelona. Sea o no justo, Barcelona se mira con especial atención. Si las cosas en la capital van bien, en el resto también. Ya hace tiempo que la seguridad ciudadana se resiente. Y muy especialmente se ha deteriorado en el distrito que todo se analiza con lupa: Ciutat Vella.
En julio del año pasado empezó el declive. Los primeros vecinos de la calles Riereta y d’En Roig advirtieron en voz alta lo que llevaban tiempo contando con cautela. Que en el barrio del Raval se tropezaban con jeringuillas, como en los años ochenta, y que había pisos vacíos que se ocupaban y los frecuentaban traficantes y toxicómanos.
El fenómeno pilló a los Mossos d’Esquadra sin grupo de estupefacientes en la comisaría de Ciutat Vella. Hacía tiempo que el tráfico de drogas había dejado de ser una prioridad del área de investigación de la región de Barcelona, y del cuerpo en general, volcados en hacer bajar las cifras de los robos con fuerza en domicilios.
El estallido de la crisis de los narcopisos pilló a los Mossos sin apenas presencia uniformada en las calles. Pero con una comisaría en Nou de la Rambla con unos policías de investigación, seguridad ciudadana y unos nuevos mandos al frente, completamente volcados en tratar de resolver los conflictos de sus vecinos. El problema que carecían de directrices claras de sus superiores. Hace tiempo que falta, y lo dice un alto cargo del Ayuntamiento, “más empuje e iniciativa” en los Mossos de Barcelona.
En el último pleno, la alcaldesa Ada Colau pactó con el líder de la oposición Xavier Trias un plan de choque para Ciutat Vella. La intención es “saturar” las calles del distrito de uniformes. Ese incremento de la presencia policial la asumirá la Guardia Urbana hasta que la nueva dirección política de los Mossos d’Esquadra, con el conseller Miquel Buch al frente, no marque como prioridad asumir el declive de la seguridad en Barcelona.
Ahora mismo la situación está “desbordada”. Lo reconocen con impotencia todos los responsables policiales consultados. Los clanes de narcotraficantes se han repartido el lucrativo negocio de la venta de droga. Falta, apunta un mando, grandes investigaciones que corten de raíz el suministro de droga a los traficantes de la ciudad. “Llegan los maletines de heroína y se subastan al mejor postor. Eso está pasando ahora mismo en Barcelona”, explica un policía.
En los noventa, Barcelona sufrió un déficit de policías nacionales que empujó a la Guardia Urbana a asumir labores de seguridad ciudadana e investigación. Los Mossos los reemplazaron, pero en estos momentos la Guardia Urbana está recuperando el liderazgo en zonas como Ciutat Vella. No es casual que hace dos semanas, durante el discurso de toma de posesión del teniente fiscal de Barcelona, Pedro Ariche, dedicara una mención a la policía municipal de la que destacó su lucha contra el pequeño delito, los hurtos, el tráfico de drogas, los manteros y los narcopisos.
Fuente: LV